CANCILLER HUGO DE ZELA PRESENTA EN LA OEA PROPUESTA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y CORRECTA APLICACIÓN DEL ASILO DIPLOMÁTICO

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, expuso esta mañana ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C., una iniciativa peruana orientada a asegurar la adecuada interpretación y aplicación de la Convención de Caracas de 1954. El planteamiento busca preservar la integridad del derecho de asilo diplomático y evitar que este sea empleado como vía para eludir la acción de la justicia.

Durante la sesión extraordinaria —convocada a solicitud del Perú—, el canciller advirtió que en la región se ha observado “una evolución negativa” en el uso del asilo diplomático, figura surgida en América Latina. Señaló que, en algunos casos, las decisiones se han sustentado en “información distorsionada por sesgos ideológicos”, lo que desvirtúa el espíritu y los objetivos de la Convención.

En esa línea, De Zela explicó que la propuesta peruana plantea la creación de un procedimiento previo y obligatorio que establezca criterios claros y transparentes para la aplicación del Artículo IX de la Convención de Caracas. Dicho artículo dispone que el Estado que evalúa conceder el asilo debe considerar la información del Estado territorial para determinar la naturaleza del delito atribuido a la persona solicitante.

El canciller informó además que, tras las primeras consultas con homólogos de la región, se recomendó solicitar una opinión consultiva al Comité Jurídico Interamericano (CJI), órgano asesor de la OEA. Este estudio técnico-jurídico permitirá precisar la correcta interpretación del Artículo IX y servir de sustento para el procedimiento propuesto, a fin de que las decisiones sobre asilo no se basen únicamente en criterios subjetivos, sino que incorporen información oficial del Estado territorial y de fuentes verificables.

De Zela subrayó que la iniciativa no responde a ningún caso puntual de asilo diplomático. Recordó que, pese a las crisis políticas derivadas de casos de corrupción en los últimos años —en los cuales expresidentes y figuras políticas de diversos sectores enfrentaron a la justicia—, en el Perú prevalecen el orden constitucional y las garantías para un debido proceso.

Finalmente, destacó que la propuesta contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y se alinea con la legislación nacional, la cual prohíbe otorgar asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes, así como con los criterios vigentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La presentación del canciller generó intervenciones de varios Estados miembros, reflejando el amplio interés suscitado por la propuesta.