Velando por el desarrollo y crecimiento de la industria aeronáutica en Perú, la Asociación Peruana de Empresas Aéreas – APEA desea brindar información relevante sobre el proyecto de ley No. 6153/2020-CR que propone la creación de una aerolínea con participación estatal en nuestro país.
Tal como ha sido señalado por diversos expertos, el proyecto carece de sustento legal y técnico. De acuerdo con la Constitución, el Estado no podría tener participación subsidiaria en actividades en las que exista oferta del sector privado (como lo es el caso actual). Además, no se ha presentado un análisis que demuestre una demanda insatisfecha o una oferta insuficiente que justifique legalmente el involucramiento del Estado peruano.
Asimismo, considerando las pérdidas millonarias que ha sufrido el sector este año a nivel mundial, las cuales se extenderán hasta que se recuperen los niveles pre Covid en el 2024 según IATA, el sumar un competidor subsidiado tendría impactos negativos en la libre competencia del mercado. Esto podría propiciar que las aerolíneas que actualmente operan en nuestro país dejen de ver al Perú como un mercado rentable y se retiren, impactando en la conectividad, en el turismo y en los bolsillos de millones de peruanos.
Cabe destacar que actualmente la industria en nuestro país es una de las más competitivas de la región. Se compone de más de 5 operadores aéreos, de los cuales 2 operan bajo el formato low cost. Las aerolíneas brindan conectividad a más de 20 ciudades del Perú y a decenas de destinos del mundo sin involucrar riesgo económico alguno para el Estado peruano, asimismo ofrecen una opción de traslado rápido y seguro con aeronaves de última tecnología. Esto se suma a que en los últimos años el precio de los pasajes aéreos ha ido disminuyendo, precisamente por la activa competencia del mercado actual. Además, contrario a lo que los contados defensores de este proyecto de ley pretenden hacer creer, la industria aeronáutica en el Perú contribuye activamente al crecimiento de la economía del país, siendo responsable del 2.6% del PBI y de la generación de 341 mil empleos.
El aprobar el proyecto de ley mencionado implicaría que el Estado peruano asuma un riesgo muy grande, al no tener una experiencia previa óptima que garantice la estabilidad y seguridad del servicio de transporte de pasajeros, lo que podría poner en riesgo el tesoro público de todos los peruanos.
Por lo antes expuesto, solicitamos a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República no dejarse influenciar por declaraciones que parecen estar siendo impulsadas por intereses particulares, en medio de una de las peores crisis sociales y económicas de nuestro país.
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