¿QUIÉN RESPONDE POR LOS S/ 120 MIL? DENUNCIA PONE EN LA MIRA A REPRESENTANTES DE SALCCA SANTA ANA
Acuerdos para la liberación de recursos hídricos, depósitos bancarios y una cuestionada representación comunal ponen en entredicho la transparencia de las negociaciones.
Una controversia que compromete los intereses económicos y sociales de la Comunidad Campesina de Salcca Santa Ana ha dado lugar a una investigación contra César Clemente Cayetano y Toribio Conce Canales, tras una denuncia relacionada con el presunto manejo irregular de S/ 120 mil provenientes de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco – Clase C.
El desembolso corresponde a dos depósitos bancarios de S/ 60 mil cada uno, efectuados el 20 de octubre y el 13 de noviembre de 2025, en una cuenta compartida por ambos investigados. Los recursos estaban vinculados a los acuerdos para la liberación de las aguas de las lagunas Pultocc Grande y Agnoccocha; sin embargo, según la denuncia formulada por la propia organización campesina, estos fondos no habrían ingresado a las arcas comunales.
Una representación bajo cuestionamiento
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la legitimidad con la que se habrían efectuado las negociaciones. César Clemente Cayetano se habría presentado como presidente de la denominada Junta de Administración Local Centro Santa Ana, atribuyéndose facultades de representación que, de acuerdo con la documentación denunciada, no estarían contempladas en el estatuto de la comunidad.
La referida instancia tampoco contaría con personalidad jurídica ni atribuciones legales para asumir compromisos en nombre de la población, circunstancia que exige esclarecer la validez de los acuerdos suscritos.
Las investigaciones alcanzan también a una tercera persona, identificada con las iniciales L. Q. R. R., por la presunta comisión de los delitos de estafa, banda criminal y falsedad ideológica.
Antecedente en el Ministerio Público
A esta situación se suma un antecedente fiscal de César Clemente Cayetano por presunta apropiación ilícita, tramitado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castrovirreyna, cuyo registro consigna el estado de «con acusación» al 2 de junio de 2023, condición que no constituye una sentencia condenatoria.
Indignación y preocupación entre los comuneros
Los hechos han generado malestar entre miembros de Salcca Santa Ana, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que intereses particulares se antepongan al bienestar colectivo.
Mientras numerosas familias apuestan por el progreso de su localidad y mejores condiciones de vida, resulta preocupante, según algunos pobladores, que el nombre de la institución campesina pudiera ser utilizado con fines de beneficio personal.
Más allá del perjuicio económico que se habría ocasionado, lo que está en juego es la confianza de una población que demanda transparencia, honestidad y responsabilidad de quienes asumen funciones de representación.
Corresponderá a las autoridades competentes esclarecer los hechos, determinar el destino de los recursos y establecer las responsabilidades individuales.
Salcca Santa Ana reclama respuestas. El patrimonio de una comunidad debe estar al servicio de su desarrollo y no de intereses particulares.
https://www.eltrendelasnoticias.com/2026/11/quien-responde-por-los-s-120-mil.html

Publicar un comentario